(untitled) (Revue Brésilienne des Sciences Policières, 2020)
El presente trabajo aborda el debate político-criminal sobre la legitimidad de las medidas de intervención reforzadas para hacer frente a la criminalidad organizada. Esta cuestión tradicionalmente considerada como una tensión entre eficacias y garantías, el estudio pretende plantear otro punto de partida: analizar los fundamentos por los cuales la delincuencia desarrollada por la criminalidad organizada representa una mayor capacidad para vulnerar jurídicos, que la criminalidad común. Las sinergias entre sus miembros, la opacidad, la desinhibición que implica un comportamiento amparado por el grupo, la profesionalización de las actividades criminales, etc. conllevan una mayor capacidad criminógena que la protagonizada por delincuentes individuales. Ante esta situación, las propuestas más comunes son la de un Derecho Penal del enemigo (o de la emergencia) o el garantismo. Analizando las limitaciones de estas tradicionales propuestas se propone una tercera vía: una aplicación del principio de proporcionalidad para cada medida: idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta de la medida. Siempre bajo la tutela de la intervención judicial.