La aproximación entre derechos humanos y políticas de seguridad pública se ha vuelto indispensable en el proceso de desarrollo de una sociedad comprometida con los valores democráticos y que garantice la promoción de los derechos fundamentales. Por tanto, se entiende que, además de la necesidad de formar agentes de seguridad pública que garanticen y promuevan los derechos humanos, es fundamental que estos profesionales estén vinculados a instituciones y entornos de trabajo donde se garanticen y respeten sus propios derechos. La relación entre los derechos humanos y la seguridad pública está marcada por visiones equivocadas y prejuiciadas, lo que representa, por tanto, un fuerte impedimento para la construcción de alianzas entre estas dos áreas del saber y del saber. Por lo tanto, se entiende que existe la necesidad de romper dichas barreras y, a partir de ello, es posible avanzar en la elaboración y desarrollo de acciones y políticas públicas entre estos dos sectores. Tales como medidas que consideren la necesidad de la transversalidad y la especificidad de los derechos humanos tanto en el proceso de formación de los profesionales de la seguridad pública como en su constitución como sujetos de derechos. Las políticas públicas dirigidas a los servidores de la seguridad pública tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de estos profesionales, con la creación y promoción de derechos sociales y la ampliación de la noción de ciudadanía y valores democráticos.