La actividad de inteligencia policial se fortaleció en Brasil y en el mundo desde fines de la década de 1990 y principios de la de 2000 como una respuesta necesaria al fenómeno del crimen organizado transnacional.

Desde entonces, tanto en apoyo a los procesos de toma de decisiones de la alta dirección de la Policía y otros cuerpos de seguridad pública, como de apoyo a los niveles táctico y operativo de vigilancia, prevención, represión y disuasión, la actividad se viene desarrollando en el país, sirviendo en muchas ocasiones como parámetro la eficiencia en las políticas y acciones para combatir el crimen organizado.

Tal desarrollo se ha dado no sólo en el campo empírico-policial sino también en el académico-científico, con una creciente producción doctrinal, bibliográfica e investigativa en el área temática.

Por otro lado, el uso de técnicas y métodos derivados de la inteligencia en las actividades policiales y de seguridad pública, incluyendo sus consecuencias judiciales y judiciales, sigue siendo un desafío cotidiano tanto para los operadores policiales como para los estudiosos del tema. En efecto, es una actividad que, considerando las potenciales colisiones de derechos y garantías fundamentales que implica su ejercicio, requiere constantes aportes relacionados con los presupuestos que forman parte de la definición y consolidación del Estado Democrático de Derecho, pilar de la sociedad para el cual la inteligencia policial debe operar necesariamente, buscando la máxima realización posible del derecho fundamental a la seguridad pública.

El tema de la gobernanza, gestión e innovación en seguridad pública brinda espacios de discusión que favorezcan el desarrollo de estrategias, nuevos procesos, nuevas arquitecturas organizacionales, tácticas, operaciones, actitudes, capacidades y procesos de liderazgo. El tema reconoce la importancia del conocimiento interdisciplinario para la solución de desafíos en el campo de la seguridad pública.

En la literatura se identifica que en las últimas décadas la sociedad ha sido testigo de importantes avances e innovaciones en materia de seguridad pública, proporcionados por los avances tecnológicos y la nueva gobernanza pública. Además, el escenario demuestra los beneficios de la convergencia de saberes prácticos, científicos y sociales a favor de la calidad de vida, la seguridad, la libertad con responsabilidad y el desarrollo socioeconómico-político-cultural.

Las condiciones cada vez más inciertas y aceleradas del entorno están a punto de provocar un cambio de paradigma en varios sectores de la sociedad, incluida la seguridad pública. El entorno en el que opera el macrosistema de Seguridad Pública está cambiando más rápido que los sistemas y políticas que lo componen. En este contexto, la innovación se convierte en un imperativo y ya no solo en una opción. Se necesitan nuevos enfoques en la gobernanza, la gestión e incluso en las estructuras que constituyen estos sistemas para facilitar y acelerar el cambio y la innovación.

La gobernanza se diferencia de la gestión en que la primera se centra en las políticas y directrices estratégicas de una organización y sus partes interesadas, mientras que la gestión se ocupa de la implementación y administración de estas políticas y directrices. La innovación (política, de proceso, organizativa, de servicios, de productos,...) es el elemento que movilizará a las organizaciones a adaptarse al entorno para afrontar mejor los retos perversos. Todos estos procesos dependen del conocimiento, capital principal hoy en día, y del conocimiento. la gestión, un mecanismo que involucra a personas (incluido el liderazgo), procesos y tecnologías, es fundamental tanto para la gobernanza y la gestión como para la innovación.

En el mundo contemporáneo, caracterizado por el riesgo y la incertidumbre, los problemas que se presentan a las organizaciones policiales y a los agentes de policía son cada vez más complejos, lo que requiere una mayor y más cualificada inversión en el factor humano. Diferentes conocimientos científicos han participado en la modernización de la actividad policial y han contribuido a la definición de buenas prácticas.

Los conocimientos procedentes de la psicología y la intervención del psicólogo en las organizaciones policiales son reconocidos internacionalmente como cruciales para mejorar la prestación del servicio de policía, en particular mediante la inversión en la calidad de las condiciones de trabajo y en el apoyo a los profesionales de la policía.

El desarrollo permanente de las nuevas tecnologías y su aplicación a los problemas policiales también requieren una creciente sofisticación de los profesionales de la policía en el uso de las habilidades de toma de decisiones, percepción  y gestión de riesgos, comunicación, liderazgo, investigación.

Seleccionar a los más competentes, así como diseñar y diseñar la capacitación y capacitación para los oficiales de policía que estarán en el cargo a mediados del siglo 21, implica que los gerentes y líderes policiales den la bienvenida al conocimiento del área de la psicología.

Es en este marco que agradecemos las contribuciones de investigadores que se interesen e investiguen en el campo de la Psicología Policial (considerada una especialidad para la  Asociación Americana de Psicología desde  2013), como área de aplicación de principios y métodos de la ciencia psicológica a las organizaciones policiales y sus profesionales, como elementos esenciales y activos de las comunidades.

Existen varias formas de pensar el medio ambiente, entre las que destacan 03 (tres) concepciones, a saber: la concepción antropocéntrica para defender la tesis de que la protección del medio ambiente tiene como objetivo defender la vida humana porque, como decía el filósofo Protágoras, "el hombre es la medida de todas las cosas "; la concepción ecocéntrica en la que predominan las preocupaciones con el planeta y la naturaleza, cuya perspectiva extrema entiende el bosque y los animales no humanos como sujetos despersonalizados de derechos; la concepción policéntrica o cosmocéntrica para establecer un término medio con el predominio de la concepción antropocéntrica o ecocéntrica en cada caso concreto, basada en el principio de proporcionalidad y razonabilidad.
Estas concepciones ambientales constituyen los presupuestos teóricos fundamentales del derecho ambiental cuya característica triunfal es la transversalidad epistemológica con fuertes influencias de diferentes comunidades epistémicas, como la biología, la química, la geología y la propia ecología.
Uno de los aspectos importantes del derecho ambiental es el Derecho Penal Ambiental (o Derecho Penal Ecológico). El uso del derecho penal para la protección del patrimonio ambiental biótico y abiótico es cada vez más frecuente. En 2008, la Unión Europea aprobó la Directiva 2008/99 / EC, reclamando la protección del medio ambiente a través del derecho penal. Las emergencias climáticas, el calentamiento global, la contaminación y la acidez de los océanos han ocupado la agenda global contemporánea.
Por eso, en 2021 se realizaron 04 (cuatro) eventos internacionales sobre medio ambiente, a saber: i. La Cumbre del Clima (convocada por Joe Biden); ii. El Foro Mundial de Bioeconomía (celebrado en Belém do Pará); iii. COP-15 sobre Biodiversidad (celebrada en China); iv. COP-26 en Glasgow / Escocia (la más importante de las Conferencias Climáticas).
El derecho penal ambiental puede verse como un poliedro multifacético, todos los cuales son relevantes para la protección criminal del medio ambiente para las generaciones actuales y futuras. 

Dossier del Seminario Internacional sobre Ciencia Policial y Crimen Organizado, realizado entre el 21 y el 25 de junio de 2021, organizado por la Escola Superior de Polícia (ANP/PF) y la Universidad Autónoma de Lisboa, Portugal. Esta edición cuenta con artículos de algunos de los disertantes nacionales y extranjeros que participaron del evento, representando temas de las mesas de Ciencia Policial, Inteligencia Policial y Crimen Organizado.

La aproximación entre derechos humanos y políticas de seguridad pública se ha vuelto indispensable en el proceso de desarrollo de una sociedad comprometida con los valores democráticos y que garantice la promoción de los derechos fundamentales. Por tanto, se entiende que, además de la necesidad de formar agentes de seguridad pública que garanticen y promuevan los derechos humanos, es fundamental que estos profesionales estén vinculados a instituciones y entornos de trabajo donde se garanticen y respeten sus propios derechos. La relación entre los derechos humanos y la seguridad pública está marcada por visiones equivocadas y prejuiciadas, lo que representa, por tanto, un fuerte impedimento para la construcción de alianzas entre estas dos áreas del saber y del saber. Por lo tanto, se entiende que existe la necesidad de romper dichas barreras y, a partir de ello, es posible avanzar en la elaboración y desarrollo de acciones y políticas públicas entre estos dos sectores. Tales como medidas que consideren la necesidad de la transversalidad y la especificidad de los derechos humanos tanto en el proceso de formación de los profesionales de la seguridad pública como en su constitución como sujetos de derechos. Las políticas públicas dirigidas a los servidores de la seguridad pública tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de estos profesionales, con la creación y promoción de derechos sociales y la ampliación de la noción de ciudadanía y valores democráticos.

La recuperación de activos se ha convertido en un eje transversal de la política criminal a nivel mundial. Seguir el rastro del dinero y recuperar los activos es prioritario en la lucha contra la delincuencia, en particular, la delincuencia organizada, la corrupción, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para garantizar que el delito no resulte provechoso (“Crime doesn´t pay”) en los últimos años han adquirido gran protagonismo a nivel mundial dos medidas: el embargo preventivo y el decomiso. No obstante, estas medidas sólo pueden ser aplicadas eficazmente si se basan en un sistema igualmente eficiente de identificación y seguimiento preventivo de los productos del delito, incluidos aquellos que han sido objeto de blanqueo de capitales. La lucha contra la delincuencia mediante el embargo y el decomiso depende de un enfoque global y mundial que abarque tanto la cooperación judicial como la de los servicios de investigación, facetas complementarias e indisociables de una misma política. Disponer a tiempo de información es esencial para las investigaciones penales sobre delitos graves. Las investigaciones financieras y el análisis financiero de las actividades ilícitas como técnicas policiales permiten mejorar la identificación y el seguimiento de los productos del delito. De ahí la importancia de contar con los instrumentos normativos que prevean el uso de la información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales. Como ha puesto de manifiesto EUROPOL, se necesita hacer más para explotar la inteligencia financiera a fin de llevar a cabo una contribución más significativa a la lucha contra la delincuencia grave y lograr resultados reales en la lucha contra el mal uso del sistema financiero para el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras actividades delictivas. La investigación patrimonial es de gran importancia en el orden penal para el castigo del blanqueo de capitales al permitir capturar a los delincuentes por sus flujos económicos, punto débil de las organizaciones delictivas. Las Unidades de Investigación Financiera (UIFs) juegan un papel muy destacado en la lucha contra la delincuencia organizada y otros fenómenos delictivos a ésta asociados. La falta de información financiera podría impedir que se investiguen delitos graves, que se evite la realización de actividades delictivas y se desarticulen grupos delictivos, así como la detección e inmovilización de los ingresos procedentes de actividades delictivas. Estas Unidades contribuyen a reforzar la seguridad, mejorar el enjuiciamiento de los delitos financieros, luchar contra el blanqueo de capitales y prevenir los delitos fiscales, de ahí la importancia de potenciar su capacidad para llevar a cabo investigaciones financiares y mejorar la cooperación entre ellas.

Los medios de obtención de pruebas utilizados en la fase preliminar de la persecución penal, especialmente en los casos de delincuencia organizada, se han vuelto más sofisticados. Desde hace tiempo, la legislación prevé medios excepcionales de obtención de pruebas o métodos ocultos de investigación, cargados, como su nombre indica, de secreto. Las características de este tipo de criminalidad, que es continua o permanente y no tiene víctima directa, entre otras especificidades, representan desafíos al modelo tradicional de investigación preliminar, que se vio obligado a hacer uso de nuevos instrumentos de persecución penal, como la interceptación telefónica. , telemática, captación ambiental de señales electromagnéticas, ópticas o acústicas, y métodos como la acción controlada y la infiltración de agentes, entre otros. En este sentido, las posibilidades de uso de la tecnología, a través de la búsqueda de rastros, datos e información, almacenados o en tránsito, modifican significativamente las formas tradicionales de investigación criminal. Además, las tecnologías de vigilancia, especialmente en medios digitales, han desdibujado la frontera entre la prevención y la represión del delito, entre la seguridad pública y la persecución penal. Por otro lado, la protección del secreto de las comunicaciones y la privacidad, las cuestiones del uso de datos personales en el ámbito de la seguridad pública y en las investigaciones criminales, hacen hincapié en dichos usos. Estos temas requieren reflexión y esfuerzo para discutir problemas apremiantes, subrayar posibilidades, trazar límites, verificar la suficiencia de la regulación normativa, la excepcionalidad o expansión del uso de estas tecnologías en la investigación criminal.

La pericia criminal juega un papel importante en la aplicación de métodos científicos para esclarecer violaciones de derechos humanos. Son innumerables los casos en los que los peritajes fueron decisivos para la identificación de violaciones de derechos, no permitiendo así la perpetuación de la impunidad, ni la permanencia de casos de inocentes pagando por delitos que no cometieron. En este contexto, esta convocatoria de artículos pretende promover trabajos que apunten al desarrollo de métodos científicos de investigación que promuevan los derechos humanos y la dignidad de la persona humana, con especial atención a la investigación de validación y estandarización de procedimientos periciales, sistematización de datos y capilarización de la pericia oficial de carácter penal.

La identificación humana ha experimentado una gran evolución tecnológica con el diseño e implementación de sistemas biométricos capaces de analizar uno o más rasgos en el proceso de identificación. La biometría es un concepto insertado y demandado por la sociedad actual, que demanda métodos seguros, confiables, rápidos y robustos para asegurar la identidad de una persona, especialmente en lo que se refiere al sistema de seguridad pública, justicia penal y, en definitiva, a la garantía de los derechos humanos. Los sistemas multibiométricos (Automated Biometric Identification System - ABIS) se han destacado en este sentido frente a los unibiométricos, dado que la presencia de múltiples fuentes aumenta la cantidad de información disponible, y puede mejorar significativamente el rendimiento del sistema al combinar evidencia, hacer el fraude más difícil y tienen mayor poder para resolver los casos. El análisis de huellas y la producción de evidencias relacionadas con la identificación humana, elemento clave de la pericia papiloscópica, aporta información sobre la presencia de alguien en la escena del crimen, establece conexiones entre individuos, objetos y lugares, informa sobre la dinámica ocurrida, modus operandi, medios de acceso y escape e identificación de sospechosos y víctimas además de consignar la inocencia. En este contexto, esta convocatoria de artículos pretende promover trabajos que aborden el desarrollo científico y nuevas investigaciones sobre identificación humana, sobre sistemas multibiométricos y su aplicación en la lucha contra el crimen, sobre pericia papiloscópica y sus nuevos desafíos y tecnología disponible.

Memoria del Seminario Internacional de Ciencia Policial y Política Criminal realizado en septiembre de 2019.