La actividad de inteligencia policial se fortaleció en Brasil y en el mundo desde fines de la década de 1990 y principios de la de 2000 como una respuesta necesaria al fenómeno del crimen organizado transnacional.

Desde entonces, tanto en apoyo a los procesos de toma de decisiones de la alta dirección de la Policía y otros cuerpos de seguridad pública, como de apoyo a los niveles táctico y operativo de vigilancia, prevención, represión y disuasión, la actividad se viene desarrollando en el país, sirviendo en muchas ocasiones como parámetro la eficiencia en las políticas y acciones para combatir el crimen organizado.

Tal desarrollo se ha dado no sólo en el campo empírico-policial sino también en el académico-científico, con una creciente producción doctrinal, bibliográfica e investigativa en el área temática.

Por otro lado, el uso de técnicas y métodos derivados de la inteligencia en las actividades policiales y de seguridad pública, incluyendo sus consecuencias judiciales y judiciales, sigue siendo un desafío cotidiano tanto para los operadores policiales como para los estudiosos del tema. En efecto, es una actividad que, considerando las potenciales colisiones de derechos y garantías fundamentales que implica su ejercicio, requiere constantes aportes relacionados con los presupuestos que forman parte de la definición y consolidación del Estado Democrático de Derecho, pilar de la sociedad para el cual la inteligencia policial debe operar necesariamente, buscando la máxima realización posible del derecho fundamental a la seguridad pública.